Hasta no hace mucho tiempo, estábamos convencidos de que éramos unos privilegiados por vivir en la maravillosa Isla de Chiloé, por cuanto, a nuestro juicio, era un lugar donde el Patrimonio, elemento esencial de su identidad, se valoraba por sobre todas las cosas.
Muchas iniciativas públicas y privadas realizadas a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI como lo fueron la defensa del bosque nativo ante el proyecto “Astillas de Chiloé” en los 70; la defensa de los palafitos ante el decreto de erradicación de estos barrios de bordemar; la restauración y declaratoria del Sitio 16 “Iglesias de Chiloé Patrimonio de la humanidad”; el éxito de los Festivales Costumbristas en toda la Isla y la Feria de la Biodiversidad en Castro, ámbitos donde se recrea culturalmente de manera tangible e intangible el patrimonio, entre otras acciones, nos daban cuenta de la valorización del Patrimonio por parte de la comunidad insular y nacional, el que se entendía como palanca de desarrollo económico y cultural de Chiloé.
Este tipo de acciones fueron los que convirtieron a la isla de Chiloé en un destino turístico de intereses especiales, relevante a nivel nacional y mundial, que atrae cada vez más visitantes, quienes esperan encontrar una Isla con identidad cultural, donde puedan ver, sentir y vivir el Patrimonio.
Lamentablemente esta historia de valorización patrimonial, se perdió el día, en que en la cuatro veces centenaria ciudad de Castro, se comenzó a construir un Mega Mall de 30.000 m2 y el equivalente a 7 pisos de altura en pleno casco histórico, animado por la obcecada decisión de un inversionista amparado en una débil legislación y un plan regulador comunal liberalizado a todo tipo de proyectos, el que rompió violentamente la Escala de la ciudad, aquella donde la Iglesia San Francisco -Patrimonio de la Humanidad- siempre fue el edificio principal, escala que al igual que en el resto de las ciudades y poblados chilotes como hijos de la evangelización jesuita, es patrimonio urbano y paisajístico de Chiloé.
Este hecho llevó a la UNESCO a solicitar al Estado de Chile, en marzo de este año, que de acuerdo a los protocolos de acuerdo internacionales suscritos por nuestro país, exigiera medidas de mitigación al Mall, con reducción de su altura y de su masa, entre otras obras anunciando que si no se lograban dichas medidas el Sitio Patrimonial de las 16 Iglesias de Chiloé, pasará a una declaración de Patrimonio en Peligro, con la inminente perdida de su categoría como tal.
El Mall está prácticamente terminado, con un permiso de construcción lleno de irregularidades, con una recepción parcial y dos demandas ante la justicia aún pendientes, patrocinadas por el Colegio de Arquitectos, reclamándose dichas irregularidades en los permisos mal otorgados. Las críticas y demandas ciudadanas locales, nacionales e internacionales por su polémica instalación, impidieron que el edificio llegara a los 15 pisos proyectados por el inversionista, donde quería instalarse además un Hotel 5 estrellas, más Centros Médicos y Centro de Formación Técnica. Estas presiones ciudadanas llevaron a los inversionistas a cambiar la fachada, en una operación de maquillaje, donde el hormigón fue revestido con un tablón de fibro cemento.
Además, para construir este desafortunado Mall, no se realizó ni se exigió ningún estudio de impacto vial. Es decir, el inversionista no realizará ni una obra de mitigación sobre el impacto que generará esta violenta intervención al sistema de tránsito urbano. En otras palabras, las ganancias quedan para el inversionista y el pasivo se lo come la ciudad. No hay que ser pitoniso para asegurar un caos vial de proporciones que se sumará a la congestión actual y que ahora incluirá los fines de semana, cuando los habitantes de las 10 comunas de Chiloé, hechos consumados, vengan a comprar al Mall de Castro. De este modo se perderá también la condición de ciudad peatonal y con él la calidad de vida de quienes allí habitamos.
Hasta aquí el Estado de Chile y sus autoridades nacionales, regionales y locales han guardado silencio cómplice. No han entregado a lo largo del proceso de reclamaciones ninguna señal para que se tomaran las medidas que permitan revertir el orden de las cosas. Solo queda lo que pueda decir la Justicia y por lo mismo, es altísimo el riesgo de que las Iglesias de Chiloé pierdan la categoría de patrimonio de la humanidad.
Está inversión y el Mall habrían sido un gran aporte comunitario, si se hubiera hecho fuera de la ciudad, lo que hubiera permitido llegar desde cualquier comuna, y a los Castreños ir allí, tener un buen lugar donde estacionar, locomoción colectiva y poder disfrutar de un lugar climatizado, del cine de los patios de comidas y de las ofertas de retail.
Por otro lado, y bajo la oscura sombra de este proyecto monstruoso, se reinventan los barrios de palafitos de Castro de calles Pedro Montt y Ernesto Riquelme, sobrevivientes del gran incendio del 36, del terremoto maremoto del 60 y del decreto de erradicación de fines de los 70, gracias a la defensa liderada por el Taller Puertazul la mayoría de estos barrios se mantuvieron, lo que permitió su posterior mejoramiento con proyectos públicos y privados, que los dotaron de servicios básicos, repararon y pintaron, cambiándole la cara a estos barrios que dejaron de ser símbolos de menoscabo urbano para transformarse en íconos de la arquitectura de Chiloé y el país.
Paradojalmente, cuando hace algunos años se comienza a construir “legalmente” la mega obra del Mall de Castro, a todas luces anti patrimonial, paralelamente se inicia un proceso de reconversión de estos barrios impulsados por el turismo cultural, el que se realiza sin contar con marco legal definido para un espacio urbano. Por un lado, el plan regulador plantea condiciones de edificación muy claras al respecto, y contradictoriamente, la Dirección de Obras no revisa las carpetas de renovaciones o construcciones nuevas porque estas no tienen una concesión de uso dada por la Armada.
Y por lo mismo, esta importante renovación urbana y arquitectónica se realiza en un vacío legal, que expone a quienes reparan dichos palafitos a notificaciones y multas que cursa la propia Dirección de Obras, al no construir con permiso. Y la Capitanía de Puerto hace citaciones a los habitantes por estar construyendo sobre terrenos de playa sin concesión, quedando todo en un nudo ciego. Es más, la autoridad marítima hace unas semanas notificó por escrito a los dueños de los palafitos el inicio inmediato del trámite de concesión, con la advertencia de un posible desalojo si este trámite no se realiza.
En esta suerte de “tierra legal de nadie”, los arquitectos que hemos actuado en esta renovación, lo hemos hecho cuidando de hacer una arquitectura contemporánea apropiada y en dialogo con la arquitectura de los palafitos preexistentes, factible de ser regularizada una vez obtenida la concesión marítima, como lo fue el caso del hotel boutique Palafito 1326 en el Barrio Gamboa.
Por otro lado, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y el SERVIU están terminando de mejorar los barrios de palafitos de Castro a través de un programa de subsidio para su reparación y puesta en valor, con el aporte de mano de obra de los propietarios. De esta forma, muchos palafitos se han mejorado estructuralmente, se han eliminado las filtraciones de aire y lluvia. En algunos casos se han ampliado para, finalmente, ser pintados de brillantes colores, mejorando nuevamente la imagen arquitectónica vernacular que armoniza con la imagen contemporánea. Paradojalmente este subsidio e inversión pública, también se realiza sin permiso municipal, porque no se puede otorgar, al carecer de concesiones.
Y paradojalmente también, los palafitos contemporáneos “irregulares” han sido seleccionados por los espacios más prestigiosos de la arquitectura mundial para ser parte de las muestras de las Bienales de Venecia y Buenos Aires de este año, por su calidad arquitectónica y aporte cultural.
Para completar este cuadro, es importante señalar que está en trámite legislativo un proyecto ley que busca otorgar concesiones marítimas a los palafitos en una forma más expedita y bajo una norma de excepción, proyecto que no es aceptado por los habitantes tradicionales quienes desean títulos gratuitos de dominio. Esto vuelve más compleja la situación de estos singulares y vivos barrios patrimoniales, los que a la fecha no cuentan con un seccional que haga posible su regulación urbana mediante la declaratoria de zona de conservación histórica por parte del Consejo de Monumentos Nacionales.
De alguna manera pareciera que estamos ineludiblemente inmersos en una comedia y o tragedia patrimonial de equivocaciones, que me lleva a reiterar aquello que planteáramos a comienzos de año en la Revista Artes y Letras del Mercurio: la única forma de preservar y desarrollar nuestro patrimonio es realizar un urgente cambio en la Constitución Política que ponga el Patrimonio en el centro de las preocupaciones del país, de manera tal que el Estado deje de tener una actuación diletante y pusilánime, y pueda hacer frente al feroz Mercado, con herramientas legales que permitan resolver las paradojas a las que se ve enfrentado nuestro rico y único patrimonio insular, que no podemos perder y menos despilfarrar.
Head image: Palafitos y Mall. (Image © Paula Ubilla, archivo Diario La Estrella de Chiloé)